El instrumento jurídico normativo prohíbe la fabricación, importación, distribución, compra, venta, alquiler y uso de los mencionados videojuegos o juegos bélicos y establece sanciones económicas desde 2.000 hasta 4.000 Unidades Tributarias con pena privativa de libertad de 3 a 5 años para los transgresores.
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